Suspendieron el transporte escolar rural en Cipolletti

Desde el lunes 13 el transporte escolar se encuentra suspendido por falta de pago en la zona rural de Cipolletti.

Así lo denunció la UnTER, que aseguró que este corte de servicio afecta a seis instituciones educativas: Escuela Primaria N°142, Escuela Primaria N185, Jardín Integrado N°99, ESRN N°35, ESRN°89 y CET N°22.

“El viernes 10 de agosto los equipos directivos de María Elvira y Puente 83 presentaron el reclamo al coordinador Pihuala, pero a la fecha no han obtenido respuestas de los funcionarios, minimizando la problemática”, recordaron desde el gremio.

La UnTER ratificó que “el transporte escolar es fundamental en la zona rural, siendo una necesidad y un derecho que el Estado debe garantizar. Esta semana las familias deben hacer malabares para poder llegar a la escuela. Muchos llegan con sus hijos en motos, bicicletas o caminando con bajas temperaturas. Se trasladan por la ruta, la cruzan, tratan de llegar como sea, porque valoran la educación, porque entienden que los chicos tienen que estar en la escuela, en el jardín, en el secundario”.

Los dirigentes sindicales subrayaron que “al Ministerio no le interesa la integridad de los alumnos, no se preocupan por lo que les pueda suceder en el trayecto de su casa a la escuela o viceversa, parece que no está dentro del interés de los funcionarios quienes se aventuran a ahorrar aunque el costo lo deban pagar las infancias y adolescencias. No pagan a los transportistas, no buscan soluciones y se atreven a desconocer que el transporte escolar es un derecho, y no una variable de ajuste”.

El gremio denunció que “las escuelas rurales desde hace mucho tiempo vienen siendo maltratadas por el gobierno de Alberto Weretilneck, y han tenido que afrontar una lucha permanente. Este año, varias escuelas comenzaron sin transporte y tuvieron que dar batalla para que sea reconocido como una necesidad y un derecho”.

Y recordaron que “las familias debieron cumplimentar muchos requisitos para que sus hijos/as puedan acceder al transporte escolar. A partir de la resolución 906/17 pretendieron hacerlo restrictivo. Este gobierno no tuvo pudor en pedir datos íntimos a las familias, como saber el dinero que ingresaba a la casa, si había algún salario, si el empleo era formal o informal, domicilio laboral etc, etc. A pesar de exigir infinitos requisitos a las familias y a la escuela, con la excusa de mejorar el transporte, no pagan, burlándose de las familias y de los docentes”.

“Esta política de ajuste, el abandono estatal, la desidia, sumerge a las infancias y adolescencias rurales en un estado de permanente vulneración de derechos, y en una inminente situación de peligro” criticó el gremio, y concluyó: “la negligencia de los funcionarios de gobierno los golpea en sus derechos más básicos como es acceder a la escuela en condiciones de seguridad”.

 

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