Mario Pilatti: “La Corte Suprema no puede definir el modelo de país”
La declaración obtuvo 8 votos con el apoyo de los bloque del MPN, FPV, Frente Grande, Adelante Neuquén y UP-UNA.
“La Corte Suprema no puede definir el modelo de país”, afirmó hoy en la comisión de Asuntos Constitucionales el diputado Mario Pilatti (MPN) durante el debate que precedió la aprobación de una declaración que expresa rechazo respecto al pedido de Buenos Aires de resolver en sede judicial la eliminación de un tope sobre recursos coparticipables que lleva adelante la gobernadora María Eugenia Vidal.
La declaración obtuvo 8 votos con el apoyo de los bloque del MPN, FPV, Frente Grande, Adelante Neuquén y UP-UNA.
Al hablar sobre la iniciativa, Pilatti remarcó que la iniciativa tiene por finalidad “evitar una posible medida cautelar que tenga para las provincias un valor fiscal del orden de los 53 mil millones de pesos”.
Lo dijo en referencia al monto demandado por la gobernadora, que de tener éxito significaría volver a contar con el 10% de la recaudación en concepto de impuesto a las ganancias, tal como se estimó al constituirse el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense en 1992.
“Para Neuquén significaría resignar recursos por un total de casi 1150 millones de pesos al año”, graficó el diputado.
En 1996 las provincias acordaron con el gobierno nacional fijarle un tope de 650 millones de pesos al total de recursos que debía recibir la provincia de Buenos Aires. Se decidió que el excedente se coparticipe entre el resto de las jurisdicciones sin incluir a Buenos Aires.
“Buenos Aires quiere llevar a la justicia una discusión constitucionalmente política. Le corresponde al Congreso Nacional expresarse respecto a asignaciones específicas de recursos coparticipables, porque así lo dispone el art. 75 inc) 3 de nuestra Constitución Nacional”, indicó Pilatti respecto a la judicialización del reclamo por parte de la gobernadora Vidal.
Añadió que lo que llama la atención es el aval del presidente Mauricio Macri al reclamo, ya que una transferencia de recursos de dicha magnitud hacia la provincia de Buenos Aires desfinanciaría al resto de las jurisdicciones y haría inviable un proyecto de desarrollo sustentable para cualquier provincia, municipio o pueblo del interior del país.
