Exempleada judicial evitó el juicio tras devolver más de $45 millones cobrados por tres empleos simultáneos
Una exempleada del Poder Judicial de Río Negro evitó llegar a juicio oral por una causa de defraudación contra la administración pública, luego de devolver más de 45 millones de pesos que había percibido mientras cobraba en forma simultánea tres salarios de distintos organismos.
La mujer, que se desempeñaba en los tribunales de Cipolletti, también percibía remuneraciones de la Municipalidad de San Martín de los Andes y de la Obra Social de Petroleros Privados, una situación incompatible con la normativa que regula el empleo judicial, que prohíbe ejercer otros cargos rentados salvo excepciones vinculadas con la actividad académica.
La investigación administrativa concluyó con su cesantía y con la obligación de reintegrar 45.278.300,45 pesos, monto que incluía los salarios percibidos de manera indebida y los intereses correspondientes. Inicialmente acordó cancelar la deuda en cuatro cuotas mensuales, aunque finalmente adelantó el pago de las restantes y completó la devolución del dinero.
La causa penal, impulsada por el fiscal Diego Vázquez, sostuvo que la exempleada utilizó distintas licencias para ausentarse de su puesto en el Poder Judicial mientras trabajaba en otras instituciones. Según la investigación, fue contratada por la Municipalidad de San Martín de los Andes entre junio y octubre de 2022 y luego por la Obra Social de Petroleros Privados desde octubre de ese año hasta agosto de 2024, sin dejar de percibir su salario judicial.
Semanas atrás, la Justicia homologó un acuerdo de suspensión del juicio a prueba (probation), que le permitirá evitar el debate oral siempre que cumpla las condiciones impuestas durante el plazo fijado.
Entre las reglas de conducta deberá mantener actualizado su domicilio, informar cualquier cambio de residencia, abstenerse de consumir alcohol y estupefacientes y someterse al control de la oficina especializada en suspensiones de juicio a prueba de Neuquén, ciudad donde reside actualmente.
Además, deberá abonar una reparación económica de 500.000 pesos en dos cuotas de 250.000 pesos. La primera venció el 15 de julio y la segunda deberá cancelarse antes del 15 de agosto de 2026.
Ese dinero será destinado al Jardín de Infantes N.º 15 Valle de Ensueño, de Cipolletti.
La identidad de la exempleada permanece bajo reserva por decisión del juez de Garantías Juan Puntel, quien hizo lugar a un planteo de la defensa basado en documentación médica vinculada con su estado de salud mental. Si cumple todas las condiciones establecidas en el acuerdo, la acción penal quedará extinguida y no será sometida a juicio.
