Investigan un presunto aumento irregular autorizado por Bertolini para Gloria Ruiz antes de renunciar

Una nueva controversia sacude al municipio de Plottier luego de que saliera a la luz un expediente vinculado a una bonificación salarial solicitada por la exvicegobernadora y exintendenta Gloria Ruiz, cuyo trámite fue autorizado el mismo día en que Luis Bertolini presentó su renuncia al cargo, en medio de la crisis política y judicial que atravesaba su gestión.

Según consta en la documentación, Ruiz presentó el 16 de abril una nota formal dirigida a la Dirección de Recursos Humanos para solicitar el pago retroactivo de una bonificación del 25%, amparándose en el artículo 137 inciso C del Estatuto y Escalafón Municipal.

En la presentación argumentó que dicho adicional correspondía por tareas de administración y atención al público desempeñadas en la Biblioteca “30 de Octubre”, funciones que, según detalló, cumple desde septiembre de 2025.

El documento ingresó oficialmente el 17 de abril. Sin embargo, el dato que encendió las alarmas internas es que la autorización definitiva avanzó el 30 de abril a las 11:23, exactamente la misma jornada en que Bertolini oficializó su renuncia a la intendencia.

La situación escaló aún más cuando trascendió que una empleada municipal vinculada políticamente a Ruiz habría enviado desde Recursos Humanos un correo electrónico a la Secretaría Privada notificando no solo la aprobación de la bonificación, sino también la adscripción de la exintendenta al Concejo Deliberante.

La maniobra generó fuerte malestar dentro del municipio, ya que colocaba a las nuevas autoridades frente a una situación administrativa prácticamente consumada.

Por un lado, la actual intendenta Malena Resa debía definir qué hacer con el adicional salarial; por otro, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Namuncurá, quedaba obligada a formalizar la incorporación administrativa de Ruiz al cuerpo legislativo.

El movimiento fue detectado el 11 de mayo y, desde entonces, se iniciaron actuaciones internas para reconstruir el recorrido del expediente y determinar quiénes intervinieron en la autorización del beneficio, que ahora es investigado bajo sospecha de presunta irregularidad administrativa.

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