Formularon cargos por enriquecimiento ilícito y fraude al Estado a la ex vicegobernadora
El Ministerio Público Fiscal de Neuquén formuló cargos por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta contra la exvicegobernadora Gloria Ruiz, su hermano y exfuncionario del Poder Legislativo, Pablo Ruiz, y otras dos exfuncionarias de la Legislatura provincial.
Durante la audiencia realizada este viernes ante el juez de garantías Lucas Yancarelli, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos detalló las acusaciones y el magistrado tuvo por formulados los cargos, aunque rechazó el pedido para declarar la causa como compleja, por lo que el plazo de investigación será de cuatro meses.
Los imputados son:
Gloria Ruiz, exvicegobernadora.
Pablo Ruiz, excoordinador de Casa de las Leyes.
Isabel Richini, exsecretaria de Cámara de la Legislatura.
Élida Noemí Sánchez, exprosecretaria administrativa.
Enriquecimiento ilícito
El fiscal del caso, Juan Narvaez, acusó a Gloria Ruiz de incrementar su patrimonio sin justificar el origen de los fondos tras asumir como vicegobernadora. En concreto, se refirió a la compra de una camioneta Toyota SW4, valuada en $76.837.220, en junio de 2024.
Según la investigación, durante ese período Ruiz percibía solo su salario oficial —entre $2 y $5 millones mensuales— y las explicaciones ofrecidas sobre préstamos, ventas de vehículos y pagos con tarjetas “no fueron suficientes”.
“Ese aumento es de gran magnitud y no guarda correspondencia con los ingresos por su cargo ni por otra actividad”, señaló el fiscal.
La imputación fue encuadrada en el delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público (artículos 268 y 45 del Código Penal).
Contrataciones con la empresa Big Sur
Narvaez también imputó a Ruiz por un segundo hecho, vinculado a la contratación irregular de la empresa Big Sur Marketing para producir piezas publicitarias con fondos de la Legislatura.
El fiscal sostuvo que la contratación fue “ilegítima y celebrada por fuera de la Ley 2141 de Administración Financiera”, y que la exvicegobernadora utilizó piezas pagadas con dinero público en sus redes personales, violando la Ley provincial 3017 de despersonalización de los actos de gobierno.
Por este hecho, también fueron imputadas Isabel Richini y Élida Sánchez como partícipes necesarias, al haber intervenido en la autorización, aprobación y pago de las contrataciones, que generaron un perjuicio al Estado de $45.012.000.
Irregularidades en Casa de las Leyes
El tercer hecho atribuido involucra a Pablo Ruiz, quien entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024 fue coordinador general de Casa de las Leyes.
El fiscal le imputó la contratación irregular del proveedor Pedro Ariel Sauer, mediante la cual se habrían defraudado $45.482.688 al Estado provincial, en connivencia con Richini y Sánchez.
La investigación determinó que los procesos administrativos se realizaban después de que el proveedor ejecutara los trabajos, violando las normas de contratación pública.
Imputaciones y medidas cautelares
Pablo Ruiz fue acusado de administración fraudulenta agravada y peculado, mientras que Richini y Sánchez fueron imputadas como coautoras o partícipes necesarias en distintos hechos.
El fiscal Narvaez pidió la inhibición general de bienes de Gloria Ruiz, Richini y Sánchez, medida que ya rige sobre Pablo Ruiz desde marzo pasado, con el fin de resguardar fondos ante eventuales decomisos o reparaciones económicas.
El juez Yancarelli dio por formulados los cargos y dispuso un cuarto intermedio para resolver las medidas cautelares solicitadas.
En la audiencia participaron los asistentes letrados Tanya Cid y Facundo Bernat, junto al representante de la Fiscalía de Estado, Gustavo Kohon, quien adhirió a todas las imputaciones.
