Neuquén reglamentó el uso de celulares en las escuelas: qué dice la nueva ley
El gobierno de la provincia del Neuquén reglamentó el uso de celulares y dispositivos tecnológicos móviles en el sistema educativo a través de la Ley 3520, promulgada mediante el decreto 2025-809.
La norma ya está en vigencia y alcanza a todos los niveles y modalidades de gestión estatal y privada.
La medida prohíbe el uso de celulares en el Nivel Inicial y Primario durante toda la jornada escolar, tanto en el aula como en otros espacios de la escuela, salvo autorización expresa de la dirección y con fines pedagógicos justificados.
En el caso del nivel Secundario, se permite el uso únicamente cuando el docente lo disponga con fines didácticos o curriculares, y fuera de esos casos, los dispositivos deben permanecer apagados y guardados.
Qué establece la nueva ley
En Inicial y Primaria, uso prohibido durante toda la jornada.
Se permiten excepciones pedagógicas, si están incluidas en un proyecto didáctico aprobado por directivos, informado a las familias y supervisado por docentes.
En Secundaria, los celulares solo pueden usarse cuando el docente lo autorice con fines educativos.
Fuera de esos momentos, los dispositivos deben permanecer apagados y fuera de alcance.
Cada escuela deberá definir sus reglamentos internos sobre el tema, a través de los acuerdos escolares de convivencia.
Desde el Ministerio de Educación provincial explicaron que la ley complementa acciones ya implementadas este año, como el bloqueo de redes sociales, apps no educativas y sitios web dentro de las escuelas, además de capacitaciones docentes sobre el uso responsable de la tecnología y la prevención de problemas asociados al exceso de pantalla.
Formación en ciudadanía digital
La autoridad de aplicación de la norma será el Ministerio de Educación, que deberá impulsar campañas de sensibilización y formación para docentes, estudiantes y familias. Estas acciones estarán enfocadas en el uso seguro y responsable de la tecnología, la prevención del ciberacoso, la protección de datos personales y la detección de contenidos perjudiciales.
Además, la ley establece que se deberán realizar evaluaciones periódicas de su implementación cada dos años, para medir su impacto en la comunidad educativa.
