Comenzó el juicio a exfuncionarios por estafas con planes sociales
Con el alegato de apertura del fiscal jefe Pablo Vignaroli y del fiscal del caso Juan Narvaez, este lunes comenzó en Neuquén el juicio oral contra 14 personas acusadas de integrar una asociación ilícita que habría cometido 9303 estafas vinculadas a la administración de planes sociales provinciales entre 2020 y 2022.
Entre los imputados figuran exfuncionarios de alto rango del Ministerio de Desarrollo Social, empleados de otras áreas del Poder Ejecutivo y particulares que habrían colaborado con la maniobra.
Según la acusación, el grupo desvió un total de $153.377.900, monto histórico no actualizado, mediante el cobro indebido de beneficios destinados a personas en situación de desempleo.
Una estructura piramidal
La causa tiene como principales acusados a cinco exfuncionarios, señalados como jefes de la organización:
Ricardo Soiza, exdirector general de Gestión de Planes Sociales
Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización
Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Programas
Abel Di Luca, exministro de Desarrollo Social
Tomás Siengentharler, ex coordinador administrativo de la misma cartera
La investigación determinó la existencia de cuatro niveles de participación por debajo de la jefatura, que incluyen colaboradores, reclutadores, recaudadores y beneficiarios finales de los fondos desviados.
El juicio se desarrolla ante un tribunal colegiado compuesto por los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, y se estima que se extenderá hasta al menos la segunda semana de septiembre, dada la cantidad de prueba y testimonios a presentar.
Otras condenas por la misma causa
Antes del inicio del juicio, nueve personas ya habían sido condenadas mediante acuerdos con la fiscalía, al reconocer su participación en tareas secundarias como retiro de dinero en cajeros automáticos o cobro de cheques.
Los condenados aceptaron penas de 3 años en suspenso, reglas de conducta y la obligación de hacer aportes económicos a instituciones de bien público. Uno de los imputados reparó el total del daño económico causado, mientras que la Fiscalía de Estado anticipó que seguirá adelante con reclamos en el fuero Procesal Administrativo, independientemente del resultado penal.
